CENSO MUNICIPIO DE MEDELLIN

Con el fin de tener cifras más reales en cuanto a la cantidad de personas con discapacidad en la ciudad de Medellín, además de detectar fallas en el último censo que realizó el Municipio de Medellín, queremos invitar a que nos den a conocer casos de amigos, familiares, conocidos, vecinos; todas personas con discapacidad que NO fueron censadas. Aclaro, que NO FUERON CENSADAS. Por favor, les solicitamos nos regalen nombre completo y número de identificación al correo marchadiadiscapacidad@gmail.com.

Les pedimos rotar y multiplicar este mensaje a todos sus amigos, familiares, conocidos para, entre todos, hacer valer nuestros derechos.

Muchas gracias.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN MAYOR RIESGO DE VIVIR EN LA POBREZA

Una caracterización realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, indica que el 7% de las PcD reside en los estratos 1, 2 y 3, en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez.

Johana Santa Maldonado

María Clara Sierra

jsanta@personeriamedellin.gov.co

(Artículo tomado del Informe de DD.HH. de la Personería de Medellín - Segundo semestre de 2011).

Medellín cuenta con el Acuerdo 86 de 2009, para la creación e implementación de la política pública de las personas con discapacidad (PcD), cuya responsable es la Secretaría de Bienestar Social. Para esto se elaboró un marco conceptual de la política (principios, enfoques); se conformaron los comités de inclusión municipal y cinco más comunales y corregimentales; se construyó e implementó el Plan Municipal de Discapacidad 2010-2018.

Para intervenir en esta población, el Estado debe aumentar la inversión social y necesita datos exactos, ya que los actuales son insuficientes. Tal como se expuso en el informe semestral, el DANE indicó que para el año 2010 había en la ciudad unas 15.640 PcD; la encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben)[1], en octubre de 2011, referenció a 33.223 PcD, entre 1.668.640 personas; finalmente en el actual registro de identificación adelantado por la Secretaría de Salud se han determinado al menos unas 45.042 personas en esta situación.

Derecho a la inclusión laboral

El trabajo de campo realizado en la Uni­dad Permanente de Derechos Humanos (UPDH) de la Personería de Medellín, muestra que las PcD viven en situación de alta vulnerabilidad y pobreza; en sus consultas manifiestan que buscan sa­tisfacer las necesidades básicas: vivien­da, alimentación y servicios públicos domiciliarios. Muchos afirman no estar pidiendo subsidios, sino la posibilidad de contar con un empleo que les garan­tice su mínimo vital.

El derecho a un empleo digno, está contemplado en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, este se replica en el artículo 54 de la Constitución de 1991. Además, hay leyes que buscan la generación de empleo digno para esta población, incluso a través de la creación de in­centivos tributarios; un ejemplo es la Ley 361 de 1997, por la cual se per­mite a los empleadores que vinculen PcD, deducir del impuesto de renta el 200% del valor de los salarios y la se­guridad social de éstas.

En Colombia, opera la iniciativa Pacto de Productividad, patrocinada por el Banco Interamericano de Desa­rrollo (BID) que articula a las PcD en el medio empresarial. Para el año 2008 se desarrolló un proyecto de rehabili­tación ocupacional con 538 personas, donde 17 PcD fueron vinculadas. Des­de el año 2009 existe en la ciudad el programa en “Red Medellín Incluye”, el cual reporta hasta octubre del año en curso 2.145 participantes, de los cuales 130 PcD fueron vinculadas.

No puede desconocerse la impor­tancia de estos proyectos, pero debe advertirse que no siempre las PcD contratadas tienen condiciones dig­nas de empleo. Esta Agencia del Mi­nisterio Público conoció al menos 43 casos de vinculación laboral por me­dio de cooperativas de trabajo que, en asocio con la empresa contratan­te, asumían el costo de la seguridad social más no el valor del salario; los ingresos económicos los obtienen en las propinas con lo que no logran ni el salario mínimo.

Las PcD necesitan vincularse al mundo laboral para mejorar sus con­diciones de vida. Los subsidios[2] de la Alcaldía son una iniciativa de buena voluntad, pero insuficientes y debe evaluarse el impacto en la vida de las personas. Los líderes insisten en que se requiere generar empleo y vivien­da, para dar respuesta a buena parte de sus necesidades. Así, los subsidios sólo aplicarían en casos extremos de incapacidad económica.

Nivel de vida adecuado

El concepto, derecho a un nivel de vida adecuado se refiere a las necesidades básicas que suplir: alimentación, vi­vienda, vestido y condiciones de vida cada vez mejores. Este derecho surge con la Declaración Universal de los De­rechos Humanos de 1948 y se consoli­da con el Pacto Internacional de Dere­chos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; recientemente fue abordado en el artículo 28 de la Convención so­bre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2003. Todos estos ins­trumentos internacionales hacen par­te del Bloque de Constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución Política, y pueden ser protegidos incluso por acción de tutela.

La relación entre discapacidad y pobreza es evidente. La mayoría de las PcD han ocupado los estratos so­cioeconómicos más bajos. Ya en el 2005, señalaba la Encuesta de Calidad de Vida que al menos el 79%(72.666) de las PcD estaban clasificadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Se­gún el Sisben (abril 2011) el 71,39% (23.531) ocupan los estratos 1 y 2. Lo anterior concuerda con el registro y ca­racterización realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública y la Secreta­ría de Salud, según el cual el 97% de las PcD reside en los estratos 1, 2 y 3, principalmente en las comunas Popu­lar, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez.

En la actual Administración, se identifican acciones tendientes a me­jorar las condiciones de vida de las PcD como: semaforización con cruces peatonales, rampas, movilización en transporte especial, tarjetas de paso seguro; infraestructura y estructura en el sector educación; aditamentos para las empresas y asesoría en el entorno productivo; acciones de habilitación y rehabilitación. No obstante, la infor­mación cualitativa señala dificultades estructurales relacionadas con el hábi­tat, la alimentación, la salud, el trans­porte, entre otros.

Para garantizar este derecho, es necesario que la vivienda y la alimen­tación estén adecuadas a la discapa­cidad de cada persona. Igualmente, algunas necesitan suplementos ali­mentarios y terapias de rehabilitación negados por las EPS, que argumentan su exclusión del Plan Obligatorio de Salud; de esta forma vulneran el dere­cho a la salud y niegan la posibilidad de una mejor calidad de vida.

Acciones institucionales

En el plan de desarrollo se presupues­taron $30.704.093.223 pesos para la atención de los temas de discapaci­dad, de esto se logró una ejecución del 99.30%. En cuanto a la ejecución y cumplimiento del plan de desarrollo, se identificó algunas metas no logra­das. Las cuales no sólo responden a las dificultades que se dan desde la Admi­nistración Municipal, sino en las lógi­cas socioculturales que persisten en una visión negativa, excluyente y dis­criminatoria de la PcD. Se identificó en el programa de poblaciones en riesgo social, proyecto Ser Capaz la meta no lograda del número de PcD que acce­den a empleos y permanecen en ellos. Según el plan 350 personas debían ser incluidas y permanecer activas labo­ralmente, pero sólo se logró la inclu­sión laboral de 147 personas para un logró del 42%[3].

En el programa Nadie por fuera, proyecto servicio público para todos y todas y respeto a la diversidad se tiene como meta incluir a 10.350 personas con necesidades educativas especiales (NEE) a la escuela regular, no obstante la Secretaría de Educación reportaba 6.497 estudiantes con NEE a junio de 2011, para un cumplimiento del 88% de la meta[4].

Otras metas reportan un cumpli­miento de más del 100% como en el programa de equiparación de opor­tunidades, proyecto discapacidad sin barreras, en el cuál se planteó la con­formación de 41 organizaciones que trabajen con y para las PcD, al respec­to se cuenta con 43 organizaciones. Finalmente, en el programa Medellín Solidaria, proyecto Ser Capaz se calcu­ló unas 17.000 personas beneficiadas con los procesos de rehabilitación, habilitación y equiparación de opor­tunidades, en este ítem se reportan 23.875 personas beneficiadas[5].

Gráfico

Personas con discapacidad según diferentes fuentes

2010 – 2011

FUENTE	CANTIDAD
DANE 2010	15.640
SISBEN Octubre 2011	33.223
Secretaria de Salud y FNSP 2011	45.042

Recomendaciones

·         Es necesario sensibilizar y concientizar acerca de las PcD como sujetos titulares de derechos y no destinatarios de beneficencia. Igualmente que se reconozca y actué, sobre la crítica situación de subsistencia en la que viven.

·         La construcción de la política pública para las PcD está en proceso. Se insta a la Administración Pública entrante, continuar su desarrollo asegurando una mayor participación de las PcD, para lo cual se debe articular sus singularidades.

·         La Administración debe brindar mayores posibilidades educativas basadas en la diversidad humana, que permitan la inclusión laboral.

·         El Estado debe promover que la empresa privada cree mayores oportunidades laborales en condiciones dignas. De tal forma que se contribuya a la disociación entre discapacidad y pobreza; al empoderamiento económico y social de las PcD; y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

·         Se requiere la construcción de un instrumento estadístico adecuado que sea articulado desde el sector salud y la protección social.

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[1] Datos aún sin certificar por el Departamento de Planeación.

[2] Para el mes de junio de 2011, la Unidad de Discapacidad reportaba 4.982 beneficiarios del apoyo económico y 6.377 solicitudes para ingresar, de las cuales sólo 1.098 cumplían los requisitos.

[3] Información obtenida desde la Secretaría de Bienestar Social y cruzada con las metas propuestas en el plan de desarrollo.

[4] Informe y entrevista a funcionarias de la Secretaría de Educación – Unidad Atención Integral UAI.

[5] Información proporcionada por la Unidad de Discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social.